Otra batalla ganada, pero la guerra continua.
Se recalienta el debate por el impuestazo tecnológico
La Cámara de Comercio afirmó que, de sancionarse el proyecto que hoy volvió a la comisión, "se encarecerán productos que hacen al desarrollo", y que se estimulará el mercado ilegal; Fabiana Ríos había dicho lo contrario
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos De la Vega, recalentó hoy el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el oficialismo con el fin de estimular la producción de tecnología en Tierra del Fuego, que prevé un aumento de impuestos internos a los productos electrónicos importados.
En tanto, el proyecto volvió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, y se posterga así su tratamiento.
En contra de lo que había dicho la gobernadora de esa provincia, Fabiana Ríos, De la Vega advirtió que "se encarecerán productos que hacen al desarrollo", y que eso "significaría un estímulo para el mercado ilegal".
La iniciativa, que se encuentra trabada en el Senado luego de levantarse la sesión por falta de quórum la semana pasada, el dirigente de comercio reclamó "un amplio debate de la iniciativa ante la posibilidad de arribar a propuestas superadoras que, protegiendo el desarrollo industrial y tecnológico en Tierra del Fuego, no lo haga en desmedro de los intereses de la mayor parte de la población y del acceso a la más moderna tecnología".
A través de un comunicado, en el que la cámara coincide "con la necesidad de impulsar la producción local", se señaló que "la aplicación de este tipo de políticas debe realizarse evaluando previamente de manera precisa sus costos, quiénes serán los beneficiarios y haciendo saber el impacto que sus disposiciones tendrá en la economía y en la sociedad".
Para De la Vega, la aprobación del proyecto derivaría en que "de manera rápida se encarecerían productos que hacen al desarrollo tecnológico, las comunicaciones, la educación, el confort de los hogares y la productividad de las empresas y de la economía en general".
Como consecuencia, apuntó, esto "significaría un estímulo para el mercado ilegal y una ampliación de la brecha digital, ya que el impuesto recae sobre productos a los que debe acceder, por necesidad, toda la sociedad". Por eso, advirtió que "la premisa que persigue el proyecto de que aquellos que más tienen aporten a los sectores más necesitados, tendría un efecto contrario".
En otro punto de su crítica al proyecto, el dirigente sostuvo que "hasta el momento no se conoce públicamente la capacidad de producción ya instalada para sustituir con fabricación local esos productos, si existen planes en marcha para hacerlo y mucho menos si hay compromisos u ofertas concretas para realizar inversiones con ese fin".
"Tampoco queda claro, si en el futuro cualquier empresario podrá instalarse en la zona promocionada", cuestionó De la Vega. En este sentido, indicó que eso no resultaría posible, debido a una serie de normas legales, entre las que alistó al Decreto 1234 de 2007, "que extiende la vigencia de los beneficios en la Zona Aduanera Especial hasta 2023 y limita la instalación de nuevos emprendimientos industriales a empresas que se hubieren radicado en el área antes del 31 de diciembre de 2005", detalló
Se recalienta el debate por el impuestazo tecnológico
