Retroceso tecnológico e impacto inflacionario
Por Carlos Restaino, director de la Cámara de Importadores (CIRA)
La Secretaría de Industria, Comercio y Pyme (SICyPyME) decidió el mes pasado la apertura de una investigación que podría llegar a fijar una excepcional medida de salvaguardia en favor de tres empresas locales, lo que frenaría las importaciones de compact disks grabables (CD-R) en la Argentina.
Resulta de por sí llamativo el procedimiento en estudio, dado que estas tres únicas empresas productoras ya gozan de excepcionales ayudas por parte del Estado nacional, que les han permitido mantener una posición en el mercado a pesar de sus altos costos y de los productos de calidad que en muchos casos no son comparables con los que se ofrecen en el nivel internacional.
Estas empresas se encuentran radicadas en Catamarca y Tierra del Fuego bajo regímenes de promoción industrial, con exenciones y/o disminuciones totales o parciales de impuestos y aranceles. A estos beneficios impositivos especiales se suman otros de carácter aduanero que incrementan su protección: los CD-R tienen fijados Valores Criterio en Aduana y, además, se encuentran incluidos en la Lista Argentina de Excepciones al Arancel Externo Común.
Interés estratégico
Los Valores Criterio actúan en la práctica como valores de referencia mínimos para la importación de productos de origen extranjero, sobre los cuales se aplican los aranceles y demás tasas aduaneras. En este caso, los CD-R importados por la Argentina tienen fijado un Valor Criterio de 15 centavos de dólar por unidad. Este valor es superior a los precios que se manejan para este producto en el resto del mundo, que rondan los 12 centavos de dólar por unidad.
Sólo contados productos, entre los que se encuentran estos CD-R, están en la lista de Excepciones al Arancel Externo Común (AEC), por lo que las mercaderías incluidas tributan en la Argentina un arancel externo distinto (en este caso, un derecho de importación sensiblemente mayor) del acordado por los cuatro países del Mercosur. Esto suele limitarse a productos que fabriquen industrias locales de determinado interés estratégico en el nivel nacional.
Nos preguntamos: ¿tienen los CD-R un interés estratégico? Resulta difícil de imaginar. Sin embargo y gracias a esa franquicia (que muchos otros productos más calificados para ello no han alcanzado), cuando son importados CD-R en nuestro país en lugar de pagar un 16% de arancel, como correspondería de acuerdo con lo acordado en el Mercosur, deben tributar un 26%, es decir, un 62,5% más de derechos de importación que lo consensuado en el bloque.
Tal concentración de beneficios lleva a preguntar por los motivos que llevarían al Gobierno a sobreproteger esta fabricación local de CD-R: no se trata de un sector con participación importante en el PBI; no se trata de un sector de inversiones relevantes en investigación y desarrollo; no se trata de un sector de mano de obra intensiva y que por tanto involucra a un número elevado de trabajadores.Tampoco se trata de un sector con proyecto exportador sustentable.
Aquí, la razonable protección industrial para apoyar a las genuinas expresiones productivas argentinas mientras buscan los niveles de competitividad internacionales no encuentra asidero ni justificación razonables.
La opción está dada: sobreproteger a estos fabricantes locales -más allá de lo que hoy ya reciben- cuando no llegan en su conjunto a cubrir la creciente demanda tecnológica nacional a precios y calidad universalmente comparables, o privilegiar las necesidades de los muchísimos consumidores argentinos que utilizan estos productos en el hogar, el trabajo, el estudio y la investigación. Las autoridades tienen la palabra.
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